DE RIPLEY O DE GARCIA.

DE RIPLEY O DE GARCÍA

La última semana, un número importante de parlamentarios aprobaron el Proyecto de ley que amplia las facultades legales de la APCI.
Voto presuroso e irreflexivo que paseo, primero en el país y ahora en el extranjero, la incomoda imagen de un poder legislativo bullicioso e insuficiente. Serios y henchidos de convicción o de consignas disciplinadas, nuestros padres de la patria han exhibido, sin importarles mucho, sus notables y notorias ausencias en el conocimiento y en el dominio de tópicos de carácter internacional.
La majestad que enaltece y exalta este alto lugar de la democracia se ha bamboleado, en el lapso agudo y pujante de un carpetazo deplorable. Sus ecos furibundos han atravesado los mares, desembarcando en los pulcros y aireados corredores y oficinas de la cooperación internacional. Sus funcionarios, decidieron abrir temerariamente sus orejas para certificar si era correcto lo que escuchaban y en efecto, escucharon muy bien. ¡Es cierto!
El enhiesto parlamento peruano, vibrando de patriotismo ha consignado y aprobado la demanda de registrar y controlar (léase) fiscalizar, priorizar, armonizar, seleccionar, evaluar, calificar, clarificar, determinar, sancionar y otros la Cooperación Técnica Internacional que recepcionan, a título no reembolsable,
las instituciones privadas que se constituyen y funcionan como asociaciones regidas por el código civil y que se denominan ONG.
Estas instituciones, tienen una dimensión particular por que hacen parte de un sistema universal que se consagra a la aplicación de la filosofía de la cooperación Técnica Internacional, filosofía que los Estados, industrializados o no, decidieron institucionalizar en 1949, en el marco de una memorable asamblea de la ONU que consignó la obligatoriedad de los paises desarrollados, a destinar un porcentaje de sus presupuestos para “disminuir la brecha que separa los ricos de los pobres” (dicho sea de paso, esta brecha ha evolucionado en todos los sentidos, ensanchándose particularmente en el sentido de la profundidad).
En este mismo contexto y teniendo como marco de referencia los acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación que suscriben los gobiernos, el flujo de los recursos de cooperación no solo pueden provenir de fuentes oficiales, sino también de fuentes privadas, siempre que éstas respondan a la estrategia gubernamental, que cada pais cooperante entiende delinear y singularizar.
Las donaciones extranjeras están sujetas, en su país, al cumplimiento de ciertos requisitos ligados al interés que tiene el gobierno de dar a esos fondos una connotación, acorde con sus postulados sobre la forma cómo entiende y como esa nación concibe “su” ayuda al exterior.
El caso anecdótico de la cooperación danesa en Colombia es completamente marginal, y aunque da pie a la argumentación favorable al control de la cooperación, esta alusión no perturba ni cuestiona el consenso universal sobre el “modus operandi” de los entes que recepcionan la cooperación extranjera.
Parecería que en espíritu de algunos diputados, existe la creencia que las donaciones destinadas a la cooperación se obtienen con una simple demanda y que a los donantes de fondos no les importa quién los recibe, ni les importa que la destinación tenga usos distintos a los que originaron su aceptación y aún menos, que los encargados de ejecutar los proyectos se llenen los bolsillos,
en ausencia de todo control. Tan simplista razonamiento, desfila también en la voluminosa extensión de apasionados artículos, a donde grises eminencias de circunstancia y expertos grises en oportunismo político mediático, desenvainaron sus retóricos arsenales, artesanales y cacofónicos, para sostener la desatinada cruzada parlamentaria contra los cacacenos de la ONG, potenciales mañosos, y hábiles en desviar, en beneficio propio o en beneficio de causas no cristianas, la ayuda que se les acuerda, con el humillante titulo de ayuda a la pobreza, título instaurado también por la ONU, en el cuadro de sus objetivos para el milenio.
Ahora bien, a dónde entra la priorización o la armonización de proyectos que la ley evoca, si miseria es lo que mas abunda en nuestro país y cualquier iniciativa, cualquier inversión de carácter social por muy exigua que sea, siempre será la bienvenida, por lo tanto prioritaria. A estas alturas, hablar de duplicidad de proyectos e invocar esa probabilidad, poco creíble como razón de concordato
y de peso para justificar la armonización, es un acto de mala fe. Pero pueden hacerlo y debiera de hacerse racionalmente, integrando la globalidad de la aportación extranjera en un sentido de complementariedad, en el esfuerzo nacional por provocar el desarrollo; recursos extranjeros y recursos nacionales confundidos en una inversión verdadera, que asuma eficientemente los retos del desarrollo, retos que a la hora actual no se conciben con dadivas ocasionales y de carácter asistencialista, sino con masivas inversiones reproductivas del Estado, con efectos sociales y económicos tangibles a mediano y largo plazo, en los sectores a donde se rifan actualmente nuestras riquezas naturales, por ejemplo, eso es luchar contra la pobreza: Crear riqueza.
Las ONG, cuando elaboran sus proyectos de Cooperación Técnica Internacional, se ciñen simplemente a la estructura que comporta su formulación, comenzando por la explicación clara de sus objetivos, metas y sus particulares metodologías de aplicación reservando, imperativamente, un capítulo que se destina al control y a la evaluación, en la que frecuentemente participan las fuentes y a quienes en toda legitimidad concierne exigir y verificar la evolución del proyecto que financian.
Hay, por lo tanto, justificadas razones para sospechar que las verdaderas motivaciones de la embestida contra las ONG, se encuentran en el paraninfo de la política partidaria, que hace sus pinitos en el arte de apabullar todo signo de desacuerdo y oposición.
La ultima reflexión que suscita esta controvertida tempestad en un vasito de pisco,
proviene de las declaraciones del Dr. García, quien sostiene que el estado “sacrifica sus impuestos mediante exoneraciones y por lo tanto (el gobierno) tiene el derecho de saber a dónde va el dinero.”
El mismo Dr. García, instado por los apremios que exige nuestro desarrollo, tiene como Presidente, la misión de solicitar el aporte de la cooperación extranjera. Cuando esta se materializa generosamente y nos llega a través de la financiación de los proyectos de las ONG, entre otros entes receptores, el presidente parece decir a los donantes, gracias por cooperar y ahora… ¡Paguen sus impuestos! Esta es la primera razón moral por la que es, hasta indecente, no sólo mirar los dientes del caballo sino, exigir que el regalo nos sea pagado. ¿De Ripley o de García?
Las ONG en todo el circuito mundial de la cooperación, son instituciones que provocan un sentimiento de respeto, sobre todo aquellas cuya meritoria y difícil labor se centra en la complejidad ionizada de los recursos naturales y del medio ambiente, sobre quienes, en el Perú, la tentación de reducir su espacio no puede favorecer sino, a un solo interesado: La derecha reaccionaria.
El Estado, cuya estructura y medios no le permiten acceder a la multiplicidad de necesidades que expresan las colectividades, debiera reconocer que estas entidades lo suplen, eficazmente, en la medida de sus posibilidades.