Esta expresión muy utilizada en estos últimos dias, incluidos algunos diarios, que en el embustero juego de sus editoriales y comentarios alternan con sus loas veladas o abiertas, una que otra tímida crítica al gobierno (críticas que en el laboratorio de la comedia o de la hipocresía, no hacen sino, reforzar la certitud de su vergonzosa dependencia del régimen y del Apra), como es el caso del decanocivo periódico, “El Comercio”, no logran completar su sentido proverbial, ejemplarizando claramente y de un solo plumazo, la peligrosa presencia de representantes de la empresa privada, en la gestión de una obligación social que por antonomasia corresponde a los órganos del Estado.
Encarar y conducir la reconstrucción de la devastación telúrica, es una función específica del Gobierno, de los Gobiernos Locales y de los Gobiernos Regionales cuyos fiscales inmediatos son, o deben ser, las organizaciones sociales de la población, quienes den la garantía de buen uso del inmenso presupuesto financiero acordado y sin duda a multiplicarse. Es lo que se llama la transparencia desde la base.
Bien que toda sospecha de incorrección no sea por el momento, justificada, el comportamiento y la ética moral del Gobierno, debe consistir en no mezclar los intereses sociales del pais, con los intereses privados, cuya finalidad, también por antonomasia, son el lucro y el máximo beneficio económico posible. Lo contrario, sería aceptar estúpidamente por los tiempos de neoliberalismo depredador que corren, que una repentina transformación hormonal y genética, viene de operarse en el corazón de los capitanes de la empresa privada, quienes, introducidos en la despensa del Estado, solo actuarán como policías de tránsito, con la estampita del Beato San Martín colgada en el cuello. Ese cuento ya no se lo traga nadie y debe hacer pensar seriamente en el porqué, de la pertinaz tendencia de los periódicos y de numerosos periodistas comprados, cuando exaltan hasta la paranoia, las ficticias bondades de la privatización a ultranza.
El Gobierno debe desprivatizar las intenciones desmesuradas que rondan al proyecto de reconstrucción, a menos que la enorme tentación de un diezmo partícipe y poco cristiano, explique la salivación excitada del primer mandatario, que en sus megalómanas ansias de reconstrucción inmediata, encubre el germen desorbitado de la construcción de nuevas fortunas.
Si se quiere ayudar verdaderamente a la reconstrucción, hay que encarar a los damnificados, saber cuantos son y qué es lo que han perdido exactamente. Si de vivienda se trata, el estado debería en el acto promulgar disposiciones simples y eficaces, como por ejemplo, subsidiar, según los márgenes disponibles de recursos nacionales y recursos extranjeros recibidos, un porcentaje sensible de estos, en beneficio de aquellas personas que decidan reconstruir sus casas por si mismos, con materiales nobles y antisísmicos, prohibiendo el uso del adobe pero pagando la diferencia de su sustitución y liberándolos de toda carga impositiva. Es ilusorio hacer de otro modo, sin la existencia de programas variados de ayuda económica y material, multisectoriales, dado que el monto de un salario, no podrá concurrir jamás a pagar ni en cincuenta años, el costo de una vivienda. El estado, si quiere la intervención de la empresa privada, debe incentivar su participación, interviniendo en el abaratamiento de los materiales de construcción, a partir de subsidios, exoneraciones tributarias y otras ventajas fiscales. En suma, es de buen sentido social, de orientación social de lo que se trata, porque una devastación tan grande que ha golpeado mayoritariamente a los pobres, solo puede enfrentarse con en concurso desinteresado de todos.
