La responsabilidad histórica que augura a Chile, en caso de negarse a la extradición del ex Presidente Fujimori, comporta una bofetada a mano abierta, que asi mismo esta, comporta un desprecio violentamente ofensivo a la verdad, a la justicia y al derecho internacional. Pero sobre todo, comporta un puñetazo chileno a mano cerrada contra las justificadas expectativas latinoamericanas, de consolidar una jurisprudencia continental de respeto por las democracias, por aquellas democracias que han sido rudamente liberadas de las satrapías dictatoriales, satrapías que han hecho uso y abuso de las patentes de corzo, o de los autoproclamados derechos o licencias para matar, impunemente.
Negar la extradición del asesino de la doble nacionalidad, que accedió incomprensiblemente a la primera magistratura de la nación, será también para Chile, una incomprensible resolución que traducirá, la fuerte vigencia aún campante en ese pais, del mito de la independencia de los poderes del Estado, la certitud que el contra peso de la verdad y de la dignidad, se aplastan, confortablemente, por los intereses y cálculos políticos de menudas y deleznables ventajas inmediatas, por las transitorias prioridades internacionales que equivocan a menudo, dónde se encuentra la dignidad de un Estado Limpio con mayúsculas y dónde se encuentran las actitudes correctas, sin mácula de viciosas componendas, sin la sombra de oscuros tira y aflojes que enarbolan prebendas ordinarias y tenebrosas complicidades vecinales.
El expediente Fujimori, desde el punto de vista legal, no tiene vacíos sustantivos que lo inhabiliten. Al contrario, la abundancia argumental que se expresa en la sustentación de las acusaciones contra el ex presidente peruano, en situación de fuga, son de gran envergadura y de un saber hacer sin resquicios ni boquetes jurídicos cuestionables, lo que ha provocado que el Tribunal presidido por Alberto Chaigneau, dedique casi 6 horas el dia de ayer, a una discusión a donde lo probable, es que certifique una anormalidad que habrá que lamentar, es decir, claramente, el puje de consideraciones de orden político y de oportunidad, de una resolución de lejos decidida, inmediatamente después del fallo de Orlando Álvarez, que negó, el 11 de julio, la procedencia en bloque de la extradición, sin ninguna cortapisa.
Chile, perderá la ocasión de engrandecer su creciente preocupación por impedir la impunidad de ciertos criminales menores, a quienes confirmó, últimamente, las penas de prisión a perpetuidad y otras, pero en el ámbito de América Latina, perderá la oportunidad de sembrar un antecedente histórico que se aúne a la audacia europea de haber sentado el ejemplar precedente de perseguir a los grandes criminales de los derechos humanos. El reciente viaje a Australia, anunciado por el Presidente García, nos permitirá constatar si otras latitudes aceptan la deposición de numerosos peruanos que se sienten víctimas de las también criminales aventuras del mandatario actual y si están dispuestos a procesarlas, como lo hizo el Juez Garzón.
Si Chile nos acuerda un no, con bemoles o sin ellos, el Parlamento Peruano deberá obligar al consejo de Ministros, aunque sea el primer y único acto útil que patrocina, para que su titular, Don Jorge del Castillo, renueve y active la orden de captura por delito de homicidio calificado, del fugitivo y frustrado senador japonés a cargo de la INTERPOL que, según la revista Caretas, está estancada en el Concejo de Ministros, desde el 9 de junio pasado.
