Es evidente que la existencia actual de tres organismos estatales que asumen la globalidad de los asuntos electorales en el Perú, adolece, al menos, de tres deficiencias estructurales graves. En primer lugar, la monumentalidad de ese sistema determina un uso irracional, como innecesario de recursos humanos y materiales, que podrían tener una destinación mucho más significativa en sectores donde hay carencia de personal y de medios.
Si bien no existe, estrictamente hablando, una duplicidad o “triplicidad” de funciones, los espectros de la misión individual de cada uno de esos entes, sobre los cuales actúan, han sido constituidos de forma artificial y sin ninguna lógica administrativa। Dicho de otro modo, las funciones administrativo-técnicas, en el actual estado de cosas, pueden ser asumidas, perfectamente, por cualquiera de estas instituciones, sin entrañar distorsiones ni disfunción orgánica, en la normatividad o en la ejecución de sus líneas.
La modernidad exige, hoy en día, una mirada diferente en la concepción del poder electoral, sobre todo en democracias que, como la nuestra, vienen de abandonar los túneles obscuros de la dictadura. Una dictadura, cuya arbitrariedad se hizo sentir también en el diseño contraproducente de la estructura administrativa del Estado, creando entes innecesarios, o suprimiendo otros de importancia capital, como el desaparecido Instituto Nacional de Planificación, cuya necesidad es clamorosa a la hora en que vivimos.
La constitución de un nuevo órgano electoral, necesitará un nuevo marco jurídico y este, deberá tener en cuenta las mutaciones que se producen en la comunicación y en la sociedad en general, incorporando nuevas acciones de movilización ciudadana para provocar mayor información y razonamiento en el uso de su derecho a elegir y ser elegido.
Habrá, necesidad de legislar y regular la incorporación de las Organizaciones no Gubernamentales, en los nuevos ordenamientos electorales; diseñar un sistema efectivo de regulación de campañas, de cuantificación y control estricto de las promesas electorales que en nuestro país, nada las limita, ni nadie condena su incumplimiento. Hay que ampliar el campo de acción, modificando incluso el sentido mismo de lo que se conoce como, “electoral”, para poder someter, a la disposición ciudadana, de un sistema ágil y permanente de consultas, al margen de las grandes consultaciones electorales, que faciliten la adopción de decisiones importantes que, a menudo, se estancan por las pugnas prolongadas y la rivalidad política de los partidos.
La nueva institución que deberá velar por la consolidación del Estado de Derecho, a través de una límpida administración del espectro electoral, deberá considerar también, como una necesidad fundamental, la regulación clara y estricta de los sistemas de financiamiento y su procedencia, asi como dotarse de instrumentos eficaces de mayor fiscalización y control.
Hay, pues, mucho pan que rebanar, y la actual administración gubernamental no deberá perder la ocasión de proponer a la nación, un mecanismo que substituya los errores y las deficiencias del pasado, no porque sea un “legado de la dictadura”, si no porque los peruanos tienen necesidad de un poder electoral moderno y respetable। Para ello, será necesaria la participación real de personas e instituciones especializadas en la materia, incluyendo el aporte internacional y que no quede, solamente, en una deplorable convocación demagógica, de un dia de exaltación presidencial, que al parecer, nos estamos acostumbrando…
