(Vira Gasot)
Hemos ingresado a una fase de agudización inevitable de las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Este enfrentamiento que alcanza niveles de violencia inesperados, se inscribe en la lógica de una futura radicalización, aún más violenta, entre dos bastiones que defienden pronósticos de sociedad antagónicos, visiones dispares y contrapuestas sobre la idea que todos nos hacemos, a propósito de la forma que debe asumir nuestro pais, institucional y programaticamente, para combatir con eficacidad el viejo flagelo mortal del subdesarrollo, el atraso lacerante del inmovilismo social, que perpetua y agiganta las prerrogativas económicas y socio-culturales, de una reducida franja de la población, en desmedro de una mayoría que resiste, tenazmente y desde tiempos inmemoriales, a la desvalorización sistemática de sus derechos y condiciones de vida.
Esta inmensa mayoría, a través de sus organizaciones sociales y sindicales, se debate, hoy, en el peligroso cerco de la represión policial y contra la amenaza presidencial, vindicativa e insultante; para impedir su arrinconamiento definitivo, su destierro inexorable en el corredor de la precariedad de la subsistencia, en esa destinación ultimista que los sabios designios del neoliberalismo triunfalista y despótico, señalan como condición, sine qua non para alcanzar, paradoxalmente, el pleno desarrollo y el crecimiento… ¡la utopía demagógica del paraíso capitalista…!
Poco a poco, está desapareciendo la validez de los formatos democráticos institucionales establecidos por la constitución y las leyes, para disuadir la confrontación violenta, para dirimir, sobre bases del respeto mutuo e igualitario, para ponerse de acuerdo sometiéndose a los imperativos civilizados de la cordura, del diálogo sincero, de la negociación razonable y equilibrada; esos formatos se manifiestan, hoy por hoy, obsoletos e inútiles, porque el gobierno los está convirtiendo en mecanismos de incompetencia clamorosa, de fricciones inútiles, caducos para propiciar un diálogo social con resultados admisibles y realistas, porque sencillamente, la naturaleza y el carácter de las reclamaciones reivindicativas de la población sufriente, ya no pueden resolverse a partir de contraproposiciones vejatorias, de contraproposiciones paliativas, sin resultados concretos ni corto ni a mediano plazo.
Las reclamaciones sindicales, sobrepasan el concepto reivindicacionista, que evoca la práctica pasada de arrancar concesiones a cuenta gotas, ya no son limosnas las que se reclaman, son proyectos sociales y económicos de contenido real y no virtual, es la sed incontenible por el cambio profundo, la patriótica ambición de acceder al progreso general, porque los azules, tan pontificados de las cuentas del estado, puedan sacar, efectivamente, tangiblemente del rojo perpetuo, a la subsistencia deplorable y humanamente reprobable de la mortalidad infantil, de los hábitos infrahumanos de alimentación popular, de los simulacros de vivienda, dependientes de una infra valoración de sus materiales, de una juventud injustamente privada de porvenir, por las connotaciones elitistas y exclusivas del tipo de educación que se promueve, de la miseria galopante que desplaza a los peruanos a los rangos infamantes de la clasificación universal, en breve, se lucha para exigir un poco de dignidad en el corto plazo de existencia que nos acuerda la vida y por que todos tenemos el derecho de soñar con la prosperidad.
El conflicto y el choque se hacen inevitables, más aún, cuando el gobierno del Doctor García asume la equivoca postura de alinearse con los más perversos y oscuros métodos de explotación contemporánea, de fidelizar su militancia activa en los principios rectores de una economía deshumanizante y brutalmente antisocial, que únicamente acuerda validez a los conceptos economicistas de producción y productividad por encima de la necesaria consideración del ser humano, como objetivo y destinación fundamental de todos los esfuerzos de un gobierno sano y honesto. Choque inevitable por la naturaleza inflexible de sus opciones político gubernamentales, elegidas por intereses y conveniencias personales y partidarias, antes que por vocación de estadista y que se suscriben vergonzosamente, en los artículos constriñentes y obligatorios de pactos sincréticos avalados por las fuerzas todopoderosas de una derecha mediocre, traicionera y antinacional.
La aplicación de esta política, cuando encuentra obstáculos de talla, como las recientes manifestaciones multitudinarias de la CGTP y del SUTEP, no puede expresarse de otra manera que no sea por la represión inmediata y drástica, Es necesario instaurar, desde la óptica gubernamental, un espacio de “disciplina y orden”, principios de sabor dictatorial que además, tienen la virtud de poner una etiqueta de “intocable” a los escándalos que sacuden al Parlamento Nacional, convirtiéndolo en casa de citas, en un inmenso burdel, que en su significación primigenia atribuye: desbarajuste e inmoralidad a su funcionamiento. Ese estado “transitorio” delegado a las fuerzas armadas y policiales, tampoco pueden hacer olvidar el estado de bancarrota que atestigua el Gabinete del Castillo, su inercia clamorosa y su servilismo irreflexivo, ha convertido este estamento del gobierno en una Notaría que certifica las tomas de posición consternantes y temperamentales de su presidente. Asociar a todo esto el clima de corrupción y de incompetencia general de la administración pública, el movimiento guerrillero interno del partido gobernante, la ambivalencia acongojante de la posición que se asume frente a la extradición de Fujimori, todo esto justifica un cambio de rumbo, por eso, es impostergable la renuncia de los tres implicados principales, EL Primer ministro, el Ministro de Educación y el Ministro del Interior.
