La mayor parte de los diarios de Lima, concuerdan en señalar el profesionalismo cauteloso de la Policía nacional, en el gran operativo de desalojo de los llamados invasores del Mercado Santa Anita. Operativo monstruoso por el despliegue descomunal de miles hombres armados: francotiradores apostados en las esquinas, en tanquetas, en buses, a pié, a caballo, sin olvidar la policía femenina y todos…todos decididos a extinguir la ilusión o la alucinación de un grueso número de personas que reclaman de la nación, un reducido espacio para trabajar y poder dar de comer a los suyos…
No hay víctimas que lamentar, se congratulan, y exaltan de paso a los otros actores directos o indirectos, como la Fiscalía y la Defensoría que se han desenvuelto, según ellos, muy satisfactoriamente en el acompañamiento cronológico de esta abominable odisea que “desafió” la Ley y el “Estado de Derecho…”
Del lado de los criticados, el Alcalde de Lima recibe los puntillazos más acerados por no haber dado la cara allí donde las castañas queman y como en las grandes cobardías, únicamente patentadas en el Perú, deslinda, naturalmente, toda la responsabilidad sobre su predecesor… pidiendo sanciones para los que incentivaron la invasión…
Del Presidente, las crónicas relatan sus reales felicitaciones por la eficiencia Policial, ensalzan sus críticas a la actitud dubitativa de la autoridad judicial, y manifiestan su acuerdo con la inteligente disposición, a lo Poncio Pilatos, de ordenar a su huidizo Alcalde a que provea… “alguna solución para ellos”…
Del lado “pensante” de la situación, todos suspiran con alivio por la ratificación de la vigencia del “Estado de Derecho” y lamentan en una sola línea, que no se haya previsto ningún tipo de alternativa… Nada más…
Otros comentarios retrazan interminablemente los antecedentes históricos de la invasión. Invasión en la que sin duda, se ha verificado la presencia de esas plagas oportunistas y corruptas que logran acceder al centro de los problemas sociales, y se posicionan como lapas, para manipular su evolución en el sentido de sus intereses económicos, o en el sentido de intereses políticos bastardos, traficando innoblemente con los intereses vitales de los que sufren y luchan por la posesión de un bien, o de una herramienta de trabajo que la sociedad les deniega.
La sociedad, responde invocando sus espejismos mentirosos de un Estado de Derecho que formalmente no existe en la actual jungla del Perú y la prensa contribuye a confundir el sentido y el fondo de este grave problema social. Los pasquines se prestan al juego, e ignorándolo o no, orientan mal, orientan falso, orientan equívocamente, configurado una opción o una postura ideológico política que va en contra del pueblo inerme, inerme desde todos los puntos de vista…Los responsables, como en todo conflicto social, no son los azuzadores, los instigadores o los que incentivan ni finalmente los que a costa de este grave imbroglio, han podido obtener beneficios que se contabilizan en grande, hay señores, un legítimo problema social con sus puntuaciones de drama, de dolor y no se les puede dar como única salida recurrente a sus angustias, la irreverencia y la mofa del Secretario General del Apra, quien les sugiere de ir a reclamar a quienes los engañaron…Los búfalos cuando cornean…
Un país donde ondea un Estado de Derecho genuino, es aquel donde se promueve la ilegalidad de la injusticia y del abandono social, donde las leyes confieren sus máximas igualitarias a pobres y ricos, donde el Estado y la Ley garantizan para todos, un techo digno y un trabajo decente, donde la obra de un estadista no es la de desalojar, ni despojar, sino de restituir lo que la explotación, varias veces centenaria, a convertido a nuestro pueblo en un pueblo de miserables y desposeídos.
Habrá otras invasiones, inevitablemente, porque las necesidades crecen y se multiplican frente a la inercia y la contemplación de un régimen que privilegia el histrionismo populista y no comprende que el pais necesita cambios verdaderos. Para comenzar, el Gobierno tiene la excelente ocasión de declarar en las 72 horas que vienen, su voluntad de poner, a la disposición de los desalojados, un espacio muñido de las indispensables y mínimas condiciones de explotación comercial y dejar, sin efecto, las probables acusaciones judiciales que se perfilan, contra los detenidos.
¿Algún Servicio Social se interesará por la situación de estas personas, de aquí hasta que encuentren de nuevo sobre rieles, sus comercios despojados, su vida suspendida entre la incertidumbre y el miedo, sus sentimientos anidados de cólera legítima y de impotencia estática frente al ubérrimo “Estado de Derecho”…?
