¿Qué hay que discutir con el gobierno después de los resultados de la votación, respecto del proyecto minero Majaz?
En principio, sugerir la oficialización de los mecanismos de consultación y diálogo popular y amplificarlos, integrando a todas las organizaciones sociales que representan a los diferentes sectores de la población y cuyos intereses vitales se encuentran concernidos en el perímetro de la explotación minera.
Reformular completamente los términos iniciales, el marco jurídico que sustenta la ejecución del proyecto, consignando las exigencias de las comunidades en un detallado y explicito compromiso de respetar el ecosistema, en toda la extensión geográfica asi como las previsibles implicancias que el proyecto genera, atañe y compromete.
Redefinir el papel del Gobierno en la concertación de acuerdos mineros con las empresas nacionales o extranjeras, introduciendo un nuevo ente constituido por los representantes comunales, directamente concernidos, asi como sus autoridades de gobierno local y regional, quienes deberán regirse, además de la normatividad legal específica, por un código de procedimiento Ético-Ecológico, aprobado por el Congreso Nacional.
La infaltable concurrencia de intereses particulares, personales o asociativos, de todo carácter, que provocan la confusión social, en torno a las consecuencias negativas de la inversión minera, deberá obligar a la trilogía Estado- Empresa –Comunidad, a explicitar de forma clara, transparente y permanente ante la comunidad civil, primero, los alcances sociales y económicos del proyecto y sus efectos nefastos, el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos sociales y de respeto ambiental, previstos y aprobados conjuntamente, asi como, segundo, la fijación de los montos de los cánones, su uso y destinación local, regional y nacional, que deberán ser aprobados anteladamente por el congreso, en cada caso particular y en acuerdo con los planes de desarrollo de cada región y del País.
